El Ayuntamiento resuelve el convenio suscrito con La Salle y El Corte Inglés tras quince años de “bloqueo y boicot” de la Junta y el PSOE

El Equipo de Gobierno lamenta la “oportunidad” perdida y censura que los almerienses “sigamos pagando las consecuencias del castigo histórico de 40 años de socialismo en la Junta”

El Pleno de la Corporación ha aprobado hoy la resolución del convenio suscrito en diciembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Almería, la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Hermanos de La Salle), y la sociedad ‘El Corte Inglés’, por acuerdo unánime de las partes firmantes, al no existir inconveniente legal en acceder a la prestación rescisoria presentada por los Hermanos de La Salle, en febrero de este año. La resolución de dicho convenio ha contado con el voto favorable de Grupo Municipal Popular, Vox, el concejal no adscrito y la abstención de Ciudadanos y el Grupo Municipal Socialista.

Partiendo de la primacía del interés público, el convenio venía a permitir la ampliación de las instalaciones educativas de La Salle en el barrio de Las Chocillas, sustituyendo las envejecidas instalaciones y creando así un nuevo colegio en los terrenos de su propiedad, la construcción de un nuevo campo de fútbol que viniera a sustituir al que en estos momentos se utiliza en precario en la propiedad de La Salle Chocillas y su cesión al Ayuntamiento, así como la implantación de un centro comercial de El Corte Inglés en los terrenos de la Rambla. El Ayuntamiento, por su parte, entre otros acuerdos, se comprometía a tramitar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana recogiendo una nueva ordenación para el solar de la Rambla, permitiendo su uso residencial compatible con terciario.

La propuesta de acuerdo de rescisión incluye la devolución, a la Congregación, del importe de 1.417.480 euros, ingresados en concepto de depósito a cuenta de la prestación económica sustitutiva del Convenio, aprobado en pleno el 22 de noviembre de 2005, rectificado por otro de fecha 5 de diciembre de 2005 y después suscrito el 29 de diciembre de 2005. Como se recoge en el propio convenio, la devolución de esta cantidad se produce “al no aprobarse la modificación puntual o revisión general del PGOU en que se diera cumplimiento a dicho Convenio”.

Del mismo modo, el acuerdo desestima el pago de intereses sobre dicha cantidad, solicitada en concepto de daños y perjuicios, ya que tal indemnización “solo procedería en el supuesto de extinción del convenio por causa de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de la Administración municipal”.

El PSOE, Almería y su negación al progreso

Sobre estos hechos, la interpretación y resolución final del convenio se ha centrado el debate del Plenario en este punto. Al respecto, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha lamentado “la oportunidad histórica que se ha perdido para llevar a término las condiciones de un convenio bueno para los intereses de la ciudad”, censurando el factor limitante y el papel que en esta decisión final han tenido el Partido Socialista y la Junta de Andalucía.

En un relato cronológico del desarrollo y vicisitudes de este convenio, Martínez Labella ha expuesto las “continuas trabas” que el Partido Socialista, a nivel municipal y al frente de la Junta, como brazo ejecutor, han puesto siempre al convenio, “maniobrando y torpedeando” este proyecto que ahora se esfuma. “Otra oportunidad perdida para la ciudad de Almería, a la que el Partido Socialista, desde la Junta ha negado sistemáticamente la oportunidad de seguir progresando”, ha recalcado Martínez Labellla.

En este sentido, ha tirado de hemeroteca, recordando como anunciada la firma del convenio “surgieron enseguida las voces críticas desde el seno del PSOE, que inmediatamente puso a trabajar su maquinaria para boicotear el proyecto. No podía permitir que semejante cosa sucediera con un alcalde del PP”, ha recalcado.

Así ha expuesto como salieron “a plantar batalla” incluso los delegados de la Junta, mientras los almerienses apoyaban un convenio que suponía un revulsivo económico, social y comercial, “llegándose a crear una plataforma de apoyo con más de 15.000 firmas”, ha recordado.

Para la edil popular, un proyecto que venía para “hacer ciudad” finalmente debe resolverse ante la “imposibilidad” de llegar a buen puerto con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, recordando las intentonas y negociaciones “infructuosas” que, a nivel municipal, se han realizado en este sentido desde el año 2007, fecha en la que se aprueba inicialmente. Y el problema ha sido que siempre nos encontramos con un muro: la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE. La realidad es que se ha perdido una oportunidad histórica”, subrayaba Martínez Labella.

Insistiendo en la posición de “boicot” al convenio por parte del PSOE, la concejala ha recordado como incluso se llegó a ofrecer en 2007 “su desbloqueo, desde la Junta, si se accedía a hacer alcalde al entonces candidato socialista Nono Amate”.

Modificaciones presupuestarias

Cuatro de los veintiocho puntos recogidos en la sesión plenaria de hoy han tenido como objeto la aprobación de modificaciones presupuestarias, por importe total de 1.359.546,99 euros. Su aprobación, inicial, permitirá sufragar la financiación de un grupo electrógeno para la mejora del sistema de vertidos de aguas residuales en Costacabana (178.605,68 euros); el pago de otra de las sentencias favorables a J. Guiard, financiado a través de los fondos de contingencia (942.817,43 euros); suplementar, mediante transferencia de crédito, la partida de actividades de protocolo e información y comunicación institucional para campañas de sensibilización como consecuencia del COVID-19 (197.000 euros); y ejercer la opción de compra para la adquisición de la portada de Feria y el entoldado para el Paseo de Almería (41.123,88 euros).

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