El alcalde anuncia una modificación en la Ordenanza de Comercio en favor de la convivencia ciudadana

Prohibirá y sancionará el desarrollo de actividades, la prestación de servicios y el ofrecimiento de productos en la calle sin autorización municipal

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado la propuesta de modificación de la Ordenanza de Comercio Ambulante, introduciendo en su articulado mecanismos que incidan en la convivencia ciudadana y la preservación de los espacios públicos.

Fernández-Pacheco ha avanzado que la modificación vendrá a regular “normas de conducta en vía pública”, añadiendo en la actual Ordenanza de Comercio Ambulante para el término municipal de Almería la redacción de un nuevo artículo que incluirá “la prohibición de actividades y prestación de servicios en el espacio público que, debiendo contar con autorización municipal, carecieran de ella. Del mismo modo se prohíbe el ofrecimiento de servicios y productos, de manera persistente o intimidatoria, siempre que no hayan sido demandados por el usuario”, ha explicado.

«Hay problemas en las ciudades, como la prostitución ejercida en la calle o, como sucede en puntos localizados de nuestra ciudad por el desarrollo de ciertas actividades comerciales, en los que el ciudadano se siente intimidado transitando por la calle. Y los ciudadanos miran a su administración más cercana, el Ayuntamiento, para resolver este problema”, ha reconocido el primer edil, añadiendo que la modificación en la ordenanza viene a ofrecer una “respuesta” a esas situaciones, como así ha trasladado a vecinos y comerciantes durante el recorrido que ha realizado por uno de los espacios comerciales más transitados de Almería y eje de movilidad y conexión entre barrios, como es la Avenida de la Estación.

Una “innovadora” iniciativa que se viene aplicando en otras ciudades, caso de Málaga, con “muy buenos resultados”, como ha significado Fernández-Pacheco, y en la que ha fijado su atención el consistorio almeriense. En este sentido, ha defendido, sin complejos, “copiar a aquellos que lo hacen bien, que son valientes, que son capaces de innovar, que ponen en marcha soluciones que funcionan”, en referencia a la aplicación, en la vecina capital de Málaga, de la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano.

Cree Fernández-Pacheco que, en el desarrollo de esta modificación de la ordenanza, al sancionar la prestación de servicios y el ofrecimiento de productos en la calle sin autorización, “se puede atacar a la prostitución, a la compra-venta ilegal, a los taxistas piratas, en definitiva, a todo aquel que ofrezca un servicio o un producto sino cuenta con una autorización municipal”.

El primer edil se ha comprometido a poner en marcha de forma “inmediata” la modificación de esta ordenanza creando con ello un marco “legal” que prohíba, taxativamente, “el ofrecimiento de servicios o productos en la vía o espacios públicos, de forma reiterativa, persistente, sin autorización municipal o no ha sido demandado. Vamos a sancionar no solo a quien lo ofrece, también a quien lo recibe”, ha subrayado

Fernández-Pacheco ha indicado además que esta ordenanza supone “un paso más” respecto de la actuación municipal encaminada a “poner fin a este tipo de situaciones y con ello mejorar la convivencia y la imagen de la ciudad”. En este sentido, se ha referido a la serie de medidas que se han impulsado – mayor presencia, vigilancia y control policial, actuaciones urbanísticas y sociales – para paliar una tendencia “difícil de frenar y que no se ha solucionado del todo, tal y como nos hubiera gustado. Ahora, de la mano de los vecinos y comerciantes, y a través de un instrumento legal como será esta ordenanza, vamos a trabajar en el objetivo de mejorar la actividad comercial, que la convivencia vuelva a la normalidad, que esta calle vuelva a ser lo que ha sido siempre y que todos los vecinos del entorno puedan recuperar la normalidad que tenían”, ha recalcado.

La modificación de la ordenanza tendrá a partir de ahora que seguir los plazos administrativos necesarios antes de su entrada en vigor, aprobándose en primera instancia en Junta de Gobierno Local y siendo elevada a Pleno para su debate y aprobación.

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